Desde 1964 hasta 1992 la Texas Petroleum Company (Texaco) junto con la estatal Petroecuador (en ese entonces llamada CEPE) explotaron yacimientos petrolíferos en la zona amazónica de Ecuador. La empresa Texaco era la operadora del área del Consorcio CEPE-Texaco mientras CEPE estaba encargada del control de las operaciones. Producto de éstas, agrupaciones de pueblos originarios afirman que se vieron afectadas poblaciones que habitan en la zona: las etnias Cofán, Siekopai, Waorani, Siona, Tetetes y Sansahuari.3 Durante casi 30 años se habrían vertido aguas tóxicas y petróleo sobre zonas cultivables. Los habitantes de la zona damnificados iniciaron el primer juicio en el año 1993 en un tribunal de Nueva York. La empresa presionó para que la jurisdicción pasara a Ecuador y tuvo éxito. De este modo los tribunales norteamericanos exigieron a Chevron el compromiso de someterse a la jurisdicción de Ecuador, como requisito para desechar la demanda en EEUU, lo que finalmente sucede por motivo de forum nonconvienens. Por su parte, el gobierno de Sixto Durán Ballén, que no formaba parte de las reclamaciones de los ciudadanos (y de hecho se oponía a ésta), aprobó una remediación ambiental realizada por la empresa.4
Según la parte acusadora, en total más de 30 mil personas fueron y siguen siendo afectadas, fundamentalmente por las más de 800 piletas descubiertas de residuos tóxicos que contaminaron la tierra y las napas de agua.
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